Entendiendo los Juicios Políticos en la República Dominicana: Un Análisis para los Dominicanos en Estados Unidos y el Exterior
Con el creciente rumor de un posible juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana, es vital entender exactamente qué es un juicio político, su fundamento legal, implicaciones y antecedentes. Para nosotros, los dominicanos viviendo en los diferentes estados de Estados Unidos, esto también es un tema un tanto inusual. Por ejemplo, quizás ustedes recuerden el caso WATERGATE del presidente Richard Nixon, como también lo que está pasando con Donald Trump. En definitiva, es muy importante estar informados, entender las implicancias de estos procesos, tanto aquí como en República Dominicana porque es una herramienta más en favor de la división de poderes y la gobernabilidad y el buen manejo de los políticos que nos representan.
Para entrar en contexto, la Cámara de Cuentas es el órgano superior de control fiscal del Estado dominicano, encargada de supervisar el uso correcto de los fondos públicos y de promover la transparencia y la eficiencia en la administración de estos recursos. Es un poder autónomo, es decir, que opera independientemente de los tres poderes tradicionales del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).
¿Qué es un juicio político?
Cuando un funcionario comete un acto ilícito dentro de sus funciones, entonces puede ser sometido a un juicio político. A diferencia de un juicio penal, el juicio político no tiene como objetivo principal establecer sanciones que afecten la libertad personal de un individuo, no es un proceso criminal tradicional. Más bien, se centra en los derechos políticos, en específico el ejercicio de estos por parte de ciertos funcionarios públicos. En resumidas cuentas, un juicio político es una forma de responsabilizar a los funcionarios públicos por faltas graves cometidas en sus funciones. Sin embargo, si al final a los funcionarios se le prueba que cometieron algún crimen, pueden ser procesados por el Ministerio Público. Definitivamente, es una herramienta poco usada por nuestros representantes, pero muy fuerte e importante en contra de la corrupción y las malas prácticas desde el poder.
La Constitución de la República Dominicana tiene algunas cosas que decir sobre los juicios políticos. Según los artículos 83.1 y 80.1 de nuestra Carta Magna, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de presentar la acusación (fiscal), mientras que el Senado tiene el deber de conocer dicha acusación (juez). Para iniciar un juicio político se requiere una mayoría de dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, aunque si se trata del presidente o el vicepresidente, la mayoría requerida aumenta a tres cuartas partes.
Posibles consecuencias de un juicio político
El resultado más directo es la destitución del cargo del acusado. Más, cómo les comentamos antes, cárcel. Pero eso no es todo. La Constitución establece que una persona que ha sido destituida por medio de un juicio político también puede ser prohibida de ejercer cualquier función pública, ya sea electiva o no, durante diez años. Esto tiene un impacto profundo en los derechos políticos de la persona en cuestión.
Pero, ¿qué tan comunes son los juicios políticos en la República Dominicana? La verdad es que no son tan comunes. De hecho, el último juicio político, según comenta el artículo de opinión del Hoy, se realizó el 4 de julio de 2008, precisamente con la Cámara de Cuentas, cuando el Senado destituyó a Alcides Benjamín Decena Lugo, único juez de la Cámara de Cuentas que no presentó renuncia de su cargo, tras someterse al juicio político que realizó la Cámara Alta. El primero, por su parte, como dicta el texto antes citado, ocurrió hace más de 50 años, el 27 de abril de 1972, cuando la Cámara de Diputados acusó al síndico del Distrito Nacional Manuel “Manolín” Jiménez por el Partido Reformista, de conspiración contra el Gobierno y el Senado lo destituyó antes de que terminara el día. Esto significa que estos juicios son herramientas excepcionales que se utilizan en situaciones excepcionales.
En este momento, es importante recalcar que, aunque la Constitución menciona los juicios políticos, no existe una ley que regule específicamente este proceso. Es más, incluso los reglamentos de las cámaras legislativas no proporcionan un procedimiento claro para su realización. Debemos exigirles a nuestros representantes que solucionen estas lagunas jurídicas para el buen funcionamiento de nuestro congreso y que cada legislador pueda cumplir con su responsabilidad. Esto genera confusión y podría poner en peligro la estabilidad institucional de la República Dominicana y la gobernabilidad. Pareciera que se dejó así para que no funcione. Ahora, estamos comprometidos a cambiarlo.
En conclusión, aunque los juicios políticos en la República Dominicana son poco comunes ahora, los futuros legisladores deben usar más esta herramienta, porque representan un mecanismo vital para responsabilizar a los funcionarios públicos por sus acciones y podamos tener un régimen de consecuencia más efectivo. Sin embargo, la falta de una regulación adecuada podría generar confusiones y complicaciones. ¡Quizás, hasta complicidad!
Es nuestro deber como ciudadanos, ya sea que vivamos en la República Dominicana o en el exterior, participar en los procesos políticos, informarnos y dar mayor seguimiento a las acciones de nuestros representantes. Debemos elegir representantes que estén comprometidos con lograr estos cambios que necesita nuestro país y nuestra comunidad del exterior.
¿Tu qué opinas sobre el rol de la falta de interés de los diputados para regular el juicio político a pesar de ser una importante herramienta para garantizar el uso correcto de los recursos del estado?
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